Piden la suspension de un debate oral y que sea reprogramado

El hecho sucedio hace 17 años, cuando un grupo de barras habrian liderado un fuerte ataque a tiros y un posterior robo durante un partido de la Copa Libertadores jugado ante Nacional de Montevideo, en donde resultaron heridas al menos dos personas

El debate estará a cargo del Tribjnal Oral numero 2 integrado por los jueces Silvia Hoerr, Claudio Bernard y Analia Carrillo. En el banquillo de los acusados se encuentran imputados Carlos Fabián Giannotta, Gustavo Javier “El Conejo” Molina, Ariel “Gordo Pelín” Evrett y Carlos Garañá Morales. El fiscal Juan Pablo Caniggia estará a carfo de la acusacion.

Voceros judiciales indicaron que pese a las versiones que apuntaban a un intento por parte de las defensas para que la investigacion prescriba, la accion penal continua vigente . Una de las imputaciones por las que serán juzgados es "robo agravado por el empleo de arma de fuego'

La fiscalía tratará de acreditar que unos doce barras albirrojos, al menos tres armados, irrumpieron en la tribuna sur y agredieron a golpes a Sergio Bernardo Chans Salmantón (terminó baleado en una pierna), a su hijo y a otras personas que se encontraban en el lugar.

El ataque durante el partido:

Según consta en el expediente, aquel día un grupo de unos doce barrabravas del club local, al menos tres de ellos armados, irrumpió en la tribuna sur del estadio y agredió a golpes a Sergio Bernardo Chans Salmantón, conocido como “El Uruguayo”, junto a su hijo y otras personas presentes.

De acuerdo con la resolución de elevación a juicio, la víctima fue arrinconada contra una esquina de la tribuna y golpeada brutalmente por varios integrantes de la barra, mientras uno de ellos le disparó en el muslo.

Mientras el herido permanecía en el suelo, otro de los agresores, quien sería el jefe de la barra, le robó $1.000 que llevaba en el bolsillo trasero, además de sustraer banderas del club Peñarol, una gorra y un reloj.

La causa también señala la presunta participación necesaria de al menos dos funcionarios públicos, uno del Comité Provincial de Seguridad Deportiva (COPROSEDE) y otro del Ministerio de Seguridad bonaerense, quienes habrían facilitado el desplazamiento de los atacantes entre distintas tribunas abusando de su función.

El juez de Garantías Pablo Raele encuadró los hechos como “robo doblemente calificado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda, en concurso con lesiones”.