Hasta que nos volvamos a ver Lucas

El jueves 9 de mayo falleció Lucas Manuel Puig, el docente de música falsamente denunciado por el abuso sexual de dos menores de edad en el jardín San Benjamín de Los Hornos

Dolor, tristeza, bronca, no sé ni cómo expresar lo que sentí en estos tres días. Lucas no se murió. A Lucas lo mataron. Su muerte comenzó desde que dos mujeres, dos madres realizaron una denuncia falsa en la Fiscalía número 7 a cargo de Virginia Bravo en donde indicaban que sus hijos- dos menores de edad de 3 y 4 años- habían sido abusados sexualmente por el profesor de música. Ninguno de los otros menores que concurrían al jardín vieron nada extraño y al contrario de lo que estas madres denunciaban, los ex alumnos y la comunidad del Colegio San Benjamín apoyaban al docente. Si realmente los menores denunciantes de semejante delito habían sido abusados por el docente, otros niños hubiesen dicho algo alguna vez. Eso nunca sucedió. Al contrario de todas las normas, los demás chicos, preguntaban porque Lucas no les daba más clases. Partamos de la base de que si los hechos sucedieron como lo relata la denuncia, es imposible de que los demás nunca hayan visto algo, que ningún directivo le llamara la atención o que los demás alumnos nunca dijeran algo sobre la conducta de Lucas dentro del aula.

Este escandaloso caso comenzó en el 2010. Hasta ese momento, dictaba clases en el jardín de infantes del colegio San Benjamín de Los Hornos. La denuncia fue radicada en la Unidad Funcional de Instrucción número 7 a cargo de la fiscal Virginia Bravo y el juez de garantías que intervino fue Federico Guillermo Atencio, titular del Juzgado de Garantías número 1. Bravo sostuvo la grave imputación hasta que la investigación penal preparatoria (IPP) fue elevada a juicio oral. Aunque, una fuente muy vinculada con la investigación dijo a Crónicas Judiciales que “Atencio quiso sobreseerlo, pero quería que esta causa fuera a juicio oral”

El primer juicio:

El Tribunal sorteado había sido el Tribunal Oral Criminal 1, y fue integrado por los magistrados Andrés Vitali, Carmen Palacios Arias bajo la presidencia de Jorge Moya Panisello. En su veredicto, Moya y Vitali sostuvieron que “por principio de congruencia, tenían que pronunciar un veredicto absolutorio. En cambio, la jueza Carmen Palacios Arias votó por la condena. En su voto la magistrada tuvo en cuenta las cámaras Gesell que se les realizaron a los menores en las dos etapas (instrucción y juicio oral)

Moya Panisello y Vitali coincidieron en señalar que “pretender como lo sostiene la parte acusadora pública y privada, que el docente de música pueda haber realizado los actos que dicen haber realizado, ello es exhibir sus genitales y hacérselos tocar, practicar y hacerse practicar sexo oral, es de muy difícil realización”.

“Resulta difícil sostener, que durante el período de adaptación, en el que los chicos tienen horario reducido de clases, con un clima propio al de un comienzo de ciclo lectivo, en el cual los padres de algunos alumnos de la sala de tres años se encontraban dentro del establecimiento o en la vereda de la institución pero que podían observar por las ventanas al menos del SUM, sumado a que la docente Silvina Díaz se encontraba en todo momento con los niños, con dos preceptoras en el pasillo, más las dos directivos y auxiliares docentes, el maestro Lucas Puig, pueda haber retirado del SUM, a uno, dos, tres o cuatro alumnos, llevarlos al baño y realizar prácticas sexuales”.

“O aun en el mismo SUM delante de la maestra y de sus compañeritos ejercer actos de tipo sexual, como correr desnudos, usar corpiño rojo, orinar los instrumentos, besar a la docente Silvina Díaz en la boca, introducirle el dedo meñique en la cola o practicarle a los niños sexo oral”

“La maestra de la sala, es la que llevaba a los chicos al SUM, donde eran recibidos por el profesor de música, y en la que se quedaba toda la clase junto a los nenes, por varias razones. En primer lugar porque programáticamente la docente también califica a los niños por el desempeño que tengan en las clases especiales; en segundo lugar porque ayuda al docente de música en el desarrollo de la clase y en tercer lugar porque institucionalmente la maestra tiene que estar siempre junto a sus alumnos”.

“Pero esta cuestión es ajena a este órgano jurisdiccional, tercero imparcial en la contienda, toda vez que el Ministerio Público Fiscal, titular de la acción penal pública y los representantes del particular damnificado, acusadores privados, circunscribieron los hechos a los días 1 a 13 de marzo de 2010, por lo que el tribunal no puede ingresar a analizar esta cuestión, ya que cercenaría el principio de congruencia y por ende el derecho de defensa del imputado”, invocaron en su veredicto los dos jueces que lo absolvieron.

En cambio, el voto de la doctora Carmen Palacios Arias sostenía lo siguiente:

“Los testimonios de los menores han sido categóricos al afirmar en Cámara Gesell que nadie les dijo lo que tenían que decir, que ellos sabían lo que les tocó vivir y que había otros aspectos que preferían olvidar”

Para la jueza quedó acreditado que “desde inicios del ciclo lectivo del año 2010 y hasta por lo menos el 12 de marzo de ese año, en el Jardín de Infantes San Benjamín durante el turno mañana Lucas Manuel Puig efectuó en la sala en donde dictaba clases y en los baños de dicha institución exhibiciones en sus zonas genitales y otras prácticas libidinosas, tocamientos, sexo oral en partes íntimas de aquellos como así también instó a que le efectuaran tocamientos en sus genitales y le practiquen sexo oral”

 “El reconocimiento médico concluye no detectando ningún tipo de lesión, dejando constancia que la ausencia de lesiones físicas no descarta la posibilidad de tocamientos ya que los mismos no suelen ocasionar lesiones físicas”

 “Se daba cuenta por la espontaneidad y la edad de los menores puesto que por esto mismo es difícil influenciar sus relatos sin que uno no lo advierta, por ejemplo si un menor refiere que ‘X’ le hizo sexo oral, al ser preguntado de que se trata eso, el menor no sabe responder. Es fácilmente comprobable porque el menor que dice la verdad, no cambia el relato”

Afuera, estaban cortando la calle los compañeros de Lucas. Al salir, luego de escuchar la lectura del veredicto, los colegas festejaron y un Puig que casi nunca hablaba con los medios, dio una improvisada conferencia de prensa, entre empujones y gritos de los periodistas. Adentro, todo era escándalo: mujeres desmayándose, jueces que salieron corriendo por miedo a represalias, gritos, llantos y personal del Servicio Penitenciario que trataban en vano tranquilizar a la gente.

Los particulares damnificados y la fiscalía apeló el veredicto. La causa, recayó en la Sala V de Casación bonaerense a cargo de los jueces Jorge Celesia y Martín Ordoqui, (hoy detenido en espera del juicio oral  por estar sospechado de participar en la denominada “banda del juez”) quienes anularon el juicio y la sentencia. Y ordenaron la realización de un nuevo debate oral.

Los jueces de Casación anularon todo. El Código penal dice que no se puede juzgar a una persona por el mismo hecho dos veces y que si se hace se violan todos los derechos y garantías del acusado. La justicia hace de este caso un circo mediático en donde nadie entiende que es lo que se quiere y debe hacer. Este caso dividió a la sociedad. Todos parecían que conocían al imputado y a los familiares de las víctimas. Se leía por los medios, más precisamente el Diario El Día en su sección policiales que por poco había que colgar a Puig en una plaza pública.

La Sala II de la Cámara Penal también dio su opinión sobre el caso. En la resolución, el camarista Sergio Almeida sostuvo que “el relato de los menores involucrados está plagado de lenguaje adulto”, y desestimó la posición de la fiscal. Esto provocó que los padres de los menores  enfurecieran

Los abogados que asisten a Puig dijeron a este medio que “En una curiosa interpretación del art. 371, los jueces Ordoqui y Celesia cuestionaron en su resolución del Tribunal Oral Criminal número 1. El fallo en primera instancia no dio por probados los hechos en su exteriorización material por los que el docente Lucas Puig fue llevado a juicio; fundándose en el testimonio de todo el personal del jardín, en las constancia documentales, en el sumario administrativo e inspecciones oculares.

"Se acredito, a lo largo de todo el proceso que los hechos no han acontecido, que el juicio y el debate se constituyeron legítimamente y resultan plenamente válidos; sin que ninguna parte planteara su nulidad o cuestionara la validez de los mismo; que las partes suscribieron conformes el instrumento primordial del juicio, “las acta de debate”, que presentan toda validez, de la que nadie se disconformó."

La defensa de Puig, en tanto, le apuntó al voto del Dr. Ordoqui, sobre el que describieron “una flagrante auto contradicción” al señalar que, en otra integración del mismo tribunal de Casación, el magistrado aplicó un criterio totalmente diferente al que usó en el caso Puig y que, de haber seguido sus lineamientos, plasmados aparentemente en varias resoluciones, no habrían más que favorecido la posición del imputado.

El juez Ordoqui ha construido un artificio jurídico para escribir un fallo a la carta, al ignorar no solo la jurisprudencia nacional e internacional, sino la propia. En otro caso se alza como paladín de la Constitución, la dignidad humana y, muy dolido, defiende a capa y espada el NON BIS IN IDEM (prohíbe la nueva aplicación de pena por el mismo hecho) pero, en la causa de Puig, en una obscena contradicción de sus propios criterios, que no solo desprestigia la justicia, sino también la función; ordena el reenvió de la causa para la celebración de un nuevo juicio, pero manteniendo válido el anterior; sometiendo al docente a una nueva persecución penal.

Los abogados defensores Fernández Koenig y Apaz solicitan se confirme la absolución del docente: "La solución propuesta por la sentencia en crisis, resulta a todas luces absurda, arbitraria, contradictoria, no ajustada a derecho y alejada de toda normativa vigente, tornando inaplicable el art. 461 del CPP, que en el especifico caso de autos colisiona con las normas de rango constitucional claramente enunciadas, lo que así solicitamos se declare, todo lo que conduce a dictar la confirmación de la absolución del imputado Sr. Lucas Manuel Puig"

Para los letrados de Puig, se trata de “un caso sensible que ha conmovido a toda una sociedad educativa (alumnos, docentes, directivos y auxiliares docentes)”, con intervención directa de la Dirección de Cultura y Educación, que “luego de sustanciar el sumario pertinente no encontró ninguna conducta irregular”; así como el juez de la Cámara de Apelaciones Sergio Almeida que había propiciado el sobreseimiento por considerar que el hecho no existió y que lo denunciado era "inverosímil".

M.C es una de las denunciantes. Es una de las que solicita a la justicia una condena ejemplar para el docente. Su hija le escribió una carta el Papa Francisco. “Estimado Papa Francisco: le quería contar que, cuando tenía tres años, fue abusada por mi maestro de música, Lucas Manuel Puig. No podía contar lo que me pasó porque él me amenazaba que iba a matar a mi mamá y a mi familia”, comienza la nota hecha por la menor en junio de 2014, cuando tenía 9 años. En 2010 contó lo sucedido a través de una cámara gesell.”

“Cuando me amenazaba, yo no podía decir nada porque tenía mucho miedo; esto me sucedía en el Jardín San Benjamín. A medida que pasó el tiempo, me fue abusando cada vez más. No sólo me pasaba a mí sino también a mis amigos (nombra a dos), y a muchos chicos más; mi maestra veía lo que me pasaba y no hacía nada, se quedaba parada en la puerta mirando que la directora no viera nada”, agrega la niña, cuyo nombre

“Esto sucedía en la sala de música o en el baño”. Después relata cómo el docente la habría ultrajado, y recuerda: “Pude contar esto a los 9 años pero me pasaba desde los tres. Al primero que le conté fue a mi papá del corazón, luego a mi mamá y a mi papá Jorge. Desde ese momento no fui más al Jardín”. Dice la menor en su misiva al Sumo Pontífice. La carta fue recibida en el Vaticano, pero no fue contestada.

Casación ordena un nuevo juicio

La Sala V de la Casación bonaerense, anuló el fallo que lo absolvió en el año 2015, En la audiencia de Casación, la fiscal Alejandra Moretti les solicitó a los magistrados, Martín Ordoqui (destituido), Jorge Celesia y Fernando Mancini que revocaran la absolución. Los particulares damnificados siguieron el mismo lineamiento.

Para Moretti,  los jueces  del Tribunal, nada dijeron de un tercer baño que había en el jardín, en donde se podrían haber cometido los abusos sexuales sin que se pudiera ver nada

“Para ello comenzaron por crear el escenario de lo que debía ser. Y así llegaron a la primera conclusión falaz. A partir de ello fue que los jueces descartaron los hechos tomando en cuenta del testimonio del personal de la escuela que señalaron que era materialmente imposible realizar los actos (investigados)”, puntualizó la fiscal Moretti.

Luego de la audiencia, el destituido juez de Casación, Martín Odorqui sostuvo que “en el fallo en donde se lo absuelve se confundieron hechos con normas”

Los padres de los menores también hablaron en la audiencia e  indagaron ¿con qué finalidad ese complot, contra un simple profesor? También dijeron que “les hubiese gustado darle la razón a Puig y que esto no hubiera pasado. Queremos justicia”

Los abogados de las víctimas les reclamaron a los jueces que miren con atención la cámara gesell que fue realizada a los menores

La defensa de Puig, en tanto, le apuntó al voto del Dr. Ordoqui, sobre el que describieron “una flagrante auto contradicción” al señalar que, en otra integración del mismo tribunal de Casación, el magistrado aplicó un criterio totalmente diferente al que usó en el caso Puig y que, de haber seguido sus lineamientos, plasmados aparentemente en varias resoluciones, no habrían más que favorecido la posición del imputado.

Los abogados defensores Fernández Koenig y Apaz solicitaron que se confirme la absolución del docente: "La solución propuesta por la sentencia en crisis, resulta a todas luces absurda, arbitraria, contradictoria, no ajustada a derecho y alejada de toda normativa vigente, tornando inaplicable el art. 461 del CPP, que en el especifico caso de autos colisiona con las normas de rango constitucional claramente enunciadas, lo que así solicitamos se declare, todo lo que conduce a dictar la confirmación de la absolución del imputado Sr. Lucas Manuel Puig"

¿Un apriete para los jueces?

Los padres de los menores involucrados en la causa, realizaron una marcha pacífica esta mañana en la puerta de los tribunales penales de La Plata, en calle 8 entre 56 y 57. Solicitaron que el Tribunal en lo Criminal 1 fije fecha de debate en donde el docente será juzgado nuevamente

La madre de una de las víctimas sostuvo que “el viernes, el abogado defensor presentó un escrito en el Tribunal Oral 1 el cual fue admitido, en donde informaba que el día 7 de marzo había presentado un recurso de queja, ante la Suprema Corte de Justicia, contra el auto que rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley”

Piden fecha para volver a juzgar al docente

El Tribunal Oral en lo Criminal número 1, Juan José Ruíz (hoy en otro departamento judicial)  y Hernán Decastelli solicitaron que se establezca la fecha de un nuevo debate oral, de manera provisoria, hasta que la Corte Suprema de la Nación resuelva el recurso de queja presentado por los defensores del maestreo de música Adrián Fernández Koing y Daniel Apaz

Para los letrados de Puig, se trata de “un caso sensible que ha conmovido a toda una sociedad educativa (alumnos, docentes, directivos y auxiliares docentes)”, con intervención directa de la Dirección de Cultura y Educación, que “luego de sustanciar el sumario pertinente no encontró ninguna conducta irregular”; así como el juez de la Cámara de Apelaciones Sergio Almeida que había propiciado el sobreseimiento por considerar que el hecho no existió y que lo denunciado era "inverosímil" y “que el relato de los menores estaba plagado de lenguaje adulto”

El segundo juicio

Comenzó el martes 14 de junio en la Sala A del Fuero Penal platense, ubicada en 8 e 56 y 57. En esta ocasión, la parte acusadora está integrada por el fiscal Martín Chiorazzi y los abogados de las familias Flavio Gliemmo, Julio Beley y Martín Bolpe. Distintas agrupaciones y gremios docentes concentraron en la puerta de tribunales para pedir la absolución del docente.

"UDOCBA La Plata acompaña y apoya al compañero Lucas Puig alzando nuestra voz y nuestra Bandera para pedir que se termine este calvario en esta etapa tan dolorosa para él y su familia. Basta de maltratar a los y las docentes!", escribió el sindicato docente en su perfil de Facebook.

En el estado desfilaron los testigos, los menores víctimas quienes declararon con la sala de Audiencias vacía y con el acusado escuchando la declaración en otro sector. Los que sí estuvieron presentes fueron las partes intervinientes en el debate. Los menores pudieron declarar ya que un especialista en salud mental dictaminó que se encontraban en condiciones de dar su versión ante la justicia.

Las supuestas víctimas, hoy adolescentes, se mantuvieron en sus dichos iniciales de hace 12 años, cuando le contaron su versión de los hechos a sus padres.  “Se los notaba con bronca y enojados porque nadie los escuchó hasta el momento”, explicó uno de los actores del caso. Ambos señalaron que los “abusos” fueron en el Salón de Usos Múltiples del colegio y en uno de los baños. “Por momentos se angustiaron y lloraron”, detallaron las fuentes consultadas y calificaron de “conmovedor” el relato de los adolescentes.

Antes de estas declaraciones, declaró la madre de uno de los ex alumnos. Frente a los jueces sostuvo que se enteró del caso porque otra madre la llamó. Fue al colegio y retiró a sus hijos. Consultó con una psicóloga quien le confirmó que su hija menor que iba al Jardín no presentaba síntomas de abuso, pero le hizo referencia que ella también jugaba en el horario de música al juego de “chancho”, en relación al juego del “chancho sucio” que narraron los menores denunciantes como una de las prácticos de abuso.

La mujer confirmó que tras la denuncia cambió a sus hijos de colegio. Luego de eso, la nena que asistía al Jardín dejó de tener pesadillas, no se hizo más pis en la cama y cesó con sus constantes pedidos de baños en la ducha, de aseo personal, tres indicadores que pueden ser indicadores de situaciones de presuntos abusos.

Los alegatos

El primero en alegar fue el fiscal Martín Chiorazzi quien dio por probado que después de las vacaciones de invierno del año 2009 y hasta el inicio de clases del año 2010 Puig abusó de al menos dos alumnos de 3 y 4 años que concurrían al turno mañana del Jardín de Infantes del Colegio San Benjamín, una entidad escolar de la iglesia católica. El funcionario señaló que los abusos se cometieron tanto en el salón de usos múltiples como en uno de los baños del lugar. Para arribar a esa conclusión valoró los testimonios de los chicos, que hoy son adolescentes, las declaraciones de las mamás y la de peritos que dictaminaron que las presuntas víctimas tenían síntomas de abuso sexual.

En relación a otras pericias en las que se referenciaron que los menores no tenían síntomas de abusos y que sus relatos estaban colonizados por voces de adultos, el fiscal aclaró que esas entrevistas fueron de corta duración, que las profesionales no lograron empatizar con los niños y resaltó que una de las psicólogas le recomendaron a los padres de uno de los menores que no hicieran la denuncian, porque el fuero Penal de La Plata es “una picadora de carne”.

En relación a los testigos de descargo de la defensa, Chiorazzi remarcó que “se mostraron a favor del imputado” y “no estaban de acuerdo con este nuevo juicio” y señaló que participaron de marchas en favor de Puig y realizaron publicaciones en redes sociales. Como agravantes de la pena valoró la pluralidad de víctimas, la extensión de daño causado a las víctimas y sus familias y la edad de los menores, por lo que solicitó se aplique una condena de 25 años de prisión y se ordene la detención de Puig quien llegó a juicio en libertad. También solicitó que se investigue a la docente Silvina Díaz como posible cómplice.

A su turno el abogado Martín Bolpe, quien representa a una de las familias denunciantes, adhirió al alegato del fiscal, sostuvo que en debate “se ha desenmascarado al pedófilo Puig”, argumentó sobre la “inexistencia de probanzas que avalen la versión de la defensa”, recordó que las marchas de apoyo al acusado “pasaron por el frente de la casa de las víctimas” con la intención de amedrentarlas. Requirió una condena de 20 años más la detención del docente y que se investigue a la docente Silvina Díaz por el caso de la menor a la que representa.

Luego fue el turno del abogado Flavio Gliemmo en representación de otra familia denunciante. Puso en relieve que la madre de la menor atravesó el proceso como “templanza” y “paciencia”; expresó que la defensa “intentó montar un juicio paralelo en la opinión pública”. En el momento más enérgico de su alegato, el letrado miró fijo al acusado y elevando el tono de su voz grave le reclamó: “Por qué no hablás, este es el momento de defenderte”. Tras pedir las disculpas del caso sostuvo en relación al sospechoso que “es un muchacho inteligente, abusador, pero inteligente”. En relación a las denuncias que los defensores hicieron sobre el fiscal, consideró que tenían el fin de “amedrentar”.

Por su parte el abogado acusador Marcelo Botindari describió que “los chicos y las familias se tuvieron que sobreponer a la imposición de un manto de silencio combinado con un ataque a las víctimas en las marchas que encabezó el depredador Puig”. Para el letrado este segundo juicio oral “ha dejado desnudo a Lucas Puig con toda su perversión a la vista”. También remarcó que “la nena hace 12 años que está en tratamiento médico y con apenas 16 años debe tomar medicación psiquiátrica”. Tras empoderar la actitud de los padres se lamentó porque “no pudieron prever que la vida los iba a cruzar con un depredador que (a sus hijos) les robó la infancia y la adolescencia”. Luego de recordar que todos los abogados tenían en esta causa poderes cruzados para representar las víctimas reclamó una pena de 40 años de prisión y la inmediata detención de Puig.

Julio Beley fue el último de los profesionales de la acusación en alegar. Luego de adherir a todo lo expresado por sus pares de esa parte reflexionó: “Este juicio debería haber terminado con la declaración de las víctimas”. Y cerró: “Como católico me da vergüenza que lo mantengan en el colegio”, donde actualmente el acusado sigue trabajando.

“Puig tenía como cómplice a la docente Silvina Díaz que seleccionaba a sus víctimas”, disparó Beley y se esperanzó en poder “devolverle algo de esperanza y tranquilidad a los chicos y sus familias”.

Los alegatos de la defensa

El primero en tomar la palabra fue al abogado Daniel Apaz quien adjetivó a la acusación como una “fábula”, una “fantasía”. Desmintió que Puig nunca haya hablado en la causa. “Declaró ante la fiscal Virginia Bravo durante cinco horas donde hizo una radiografía que al día de hoy no muestra ninguna fisura” y cuestionó la labor de la funcionaria de la etapa de instrucción.

En otro pasaje de su relato señaló que “a los chicos se los ha re victimizado”, sostuvo que “no se ha podido probar la materialidad ilícita (cómo fueron los hechos)” a la que describió como “indefinida” para luego atacar a una de las madres denunciantes: “No quiere saber la verdad, quiere su verdad que no es la verdad real”.

En segundo término alegó Adrián Fernández Koenig quien se dedicó a cuestionar la labor de los fiscales tanto de instrucción como de juicio. A éste último le enrostró que “no conoce la causa” y se quejó de la prueba que desistió el fiscal de reproducir en el debate. “Estamos defendiendo a una persona que no es culpable de ningún delito, la fiscal Virginia Bravo hizo una excursión de pesca”, se quejó el letrado. Luego cuestionó la pericia de parte de la forense Virginia Creimer quien dictaminó que los chicos fueron abusados. Luego resaltó las pericias de dos profesionales de la Asesoría Pericial de La Plata que fue favorable a su defendido.

La defensa sostiene que el relato de los menores fue implantado por adultos, que los abusos nunca ocurrieron. “Nada provino de los menores sino de los adultos convivientes” para luego recordar que a la fecha en la que habrían ocurrido los hechos los padres de los menores estaban separados y que los cambios de conducta de los chicos (miedo, bañarse varias veces al día, sentirse sucios, orinarse, dibujos fálicos, no querer dormir solos) fueron producto de la separación de sus padres. “Estamos tirando el sentido común por la ventana, Puig declaró ante una funcionaria floja de papeles”, en relación a la fiscal Bravo, y reclamó la absolución del docente más la prescripción de la ampliación de la acusación.

Cuando comenzó el juicio, enfrentaba una pena en expectativa entre 10 y 15 años de prisión. Con la nueva acusación, esa escala punitiva comienza en 8 años pero se eleva hasta 40 años de cárcel, según explicaron los jueces al acusado en la sala de audiencias. Puig se llamó a silencio durante el juicio. Si optaba por declarar debía someterse al interrogatorio de la parte acusadora y a responder preguntas aclaratorias de los jueces. Cabe recordar que el silencio de un acusado no implica presunción de culpabilidad en su contra según el ordenamiento jurídica establecido en el país.

El docente está acusado de "abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante agravada por ser encargado de su educación en concurso ideal con corrupción de menores agravado por ser encargado de su educación los cuales a su vez concurren en forma real con abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante doblemente agravado por ser encargado de la educación y por el uso de arma en concurso ideal con corrupción de menores agravado por ser encargado de la educación".

El último de los defensores en alegar fue Gastón Nicocia quien fundamentó técnicamente, desde su criterio, por qué se debe declarar prescripta la ampliación de la acusación

La Asociación Pensamiento Penal

La Asociación Pensamiento Penal (APP) es una organización no gubernamental (ONG) sin fines de lucro.

Nació el 28 de diciembre de 2004, como un espacio para pensar, discutir y proponer acciones concretas sobre la cuestión penal y los derechos humanos. Somos una organización diversa, federal y horizontal, con presencia en todo latino américa.

Trabajan en la justicia penal en todos sus niveles, militantes sociales, privados y privadas de libertad, estudiantes, docentes, comerciantes y profesionales independientes de variada formación (abogacía, psicología, criminología, antropología, trabajo social, periodismo y comunicación social, ciencias políticas, mediación, escribanía, medicina forense, criminalística psicopedagogía, entre otras).

Los une el interés y la vocación por la justicia y la libertad, la construcción de comunidades integradas y solidarias. También el respeto de la dignidad humana y la promoción de los derechos humanos, y la aspiración de una administración de justicia que se adecue al programa constitucional y el estado de derecho.

Tienen la convicción que es necesaria la participación ciudadana en los procesos de transformación y en la relevancia de crear canales para la voz de todos los grupos sociales. Así como que el respeto por la pluralidad y la diversidad son principios ineludibles para el estado de derecho y la vida en un sistema democrático.

La sentencia

El clima de la sala de audiencias era de una extrema tensión. Casi no se podía respirar y los lugares para sentarse estaban ocupados por los familiares del docente y de las víctimas. Podían ingresar solamente 10 personas de las familias y 10 periodistas que debían acreditarse en la Sala de Audiencias. Dentro del lugar, había mucha gente más. Afuera, los gremios seguían cantando “se sabe, se siente Lucas es inocente”. La lectura del veredicto y sentencia estaba pactada para las 12, pero se realizó a las 14.30 pasadas. El responsable de leerla fue el juez Hernán Decastelli quien luego de la lectura salió corriendo de la sala por miedo a represalias por parte de la familia Puig. Los otros dos jueces hicieron lo mismo. Entre gritos, insultos y empujones la sala fue desalojada.

El docente fue condenado de forma unánime, por el delito de “abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante, agravado por ser encargado de su educación, en concurso ideal con corrupción de menores agravado por ser encargado de su educación”. Quedó detenido de manera inmediata, como lo había solicitado el fiscal Chiorazzi

“Estamos muy conformes con el decisorio, se ha hecho justicia luego de tantos años en la que las víctimas crecieron con el proceso; no recuerdo que un docente condenado por abuso agravado haya recibido una pena semejante”, señaló Martín Bolpe, representante de una de las familias denunciantes, y agregó que, a lo largo del juicio, “se escuchó a los menores, quienes, dada su edad actual, pudieron contar con detalles los abusos a los que fueron sometidos por Puig”.

Para Bolpe, el fallo “habla de la necesidad de escuchar a las víctimas, quienes, en este caso, por su tan corta edad, son sumamente vulnerables” y además que “es un mensaje para las instituciones educativas que deben elaborar e implementar protocolos eficientes a fin de evitar que hechos como estos puedan repetirse”.

Docentes de la ciudad protestaron en rechazo a la condena contra Lucas Puig

Docentes de la ciudad de La Plata se manifestaron por las calles de la ciudad en solidaridad con Lucas Puig. Este fallo generó una fuerte polémica entre las partes intervinientes en el caso.

La Unión de Educadores Bonaerenses (UDEB) expresó que “a la vista de lo dictaminado en el juicio a Lucas Puig, que cualquier persona que conozca el interior de una institución educativa puede razonablemente entender que esos hechos que se le imputan son muy difíciles que puedan suceder en ese espacio, UDEB La Plata convoca a un paro para el miércoles 31 de agosto”.

La seccional platense de SUTEBA ordenó el cese de actividades y una concentración desde las 10:00 horas de ese miércoles en la Jefatura Regional. Entre las exigencias plantearon el cumplimiento irrestricto de los derechos y las condiciones de trabajo de todos los trabajadores de la educación, procesos judiciales justos y una urgente reunión con el Ministerio de Justicia.

La apelación a Casación contra el fallo del Tribunal número 1

El 4 de mayo de 2023, se realizó la audiencia en el Tribunal de Casación Penal Bonaerense. Los jueces Ricardo Maidana, Carlos Natiello y Victor Violini fueron los designados para resolver la suerte del docente.  En la audiencia estuvieron presentes los particulares damnificados, la defensa y el imputado. Afuera, estaban los amigos y compañeros de Lucas. La audiencia fue llevada a cabo en un tono de tranquilidad, hasta que en un momento, una de las supuestas víctimas pidió la palabra. El doctor Maidana, no se lo permitió. Llama la atención, la forma en que solicitó la palabra y sobre todo lo hizo el imputado se encontraba en la misma sala. La joven se retiró con lágrimas en los ojos, su madre insultando al acusado: "Degenerado, violador, le arruinaste la vida a mi hija".

Lucas Puig declaró en esa audiencia, mirando a los ojos a los jueces, algo que siempre hizo. Se lo escuchó con la misma tranquilidad y el aplomo que solamente tienen las personas inocentes.

La fiscal Alejandra Moretti, requirió en su alegato que los jueces que confirmen la condena. En esa jornada el acusado rompió el silencio. "Soy profesor de música, no abusador de menores. Soy el hijo de Alicia y Pepe, no un degenerado".

"Los chicos son víctimas del proceso no de cosas que supuestamente hice en el jardín (de infantes) del Colegio San Benjamín", sostuvo el profesor. Frente a él estaba una de las menores denunciantes, su madre y la madre del otro menor denunciante cuyos datos se mantienen en reserva para preservar la intimidad de los hoy adolescentes.

Puig sostuvo que siempre estuvo a disposición de la justicia, aunque reconoció que no concurrió a la audiencia del "gran informe presencial" realizada por dos peritos de parte de la acusación. Ese informe fue una de las pruebas que valoraron los jueces de primera instancia "Yo amo ser docente y eso me llena como persona", señaló en otro pasaje. "Yo siempre confié en la justicia, colaboré, yo pedí ser juzgado, pedí un juicio justo en un plazo razonable, sigo confiando en la justicia".

También atacó a los jueces que lo condenaron -Sanucci, Fernández Lorenzo y Decastelli-"El Tribunal avasalló todo y me convirtió en víctima de violencia institucional" para luego hacer énfasis en su versión y aseverar que "el hecho no ocurrió, soy inocente, yo no hablo por mí lo hacen los docentes que están afuera", dijo en relación a los manifestantes que gritaban “Lucas inocente”.

Con votos de los jueces Víctor Violini, Ricardo Maidana y Carlos Natiello, resolvieron "por mayoría, confirmar parcialmente la sentencia condenatoria con respecto a los hechos cometidos por Lucas Manuel Puig desde el inicio del ciclo lectivo de 2010 hasta el 12 de marzo inclusive del mismo año, de los que resultaron víctimas dos menores y reenviar las presentes actuaciones a la instancia de origen".

Lucas trasladado de urgencia y el arresto domiciliario

Según se informó, Puig requirió dos transfusiones de sangre para ser estabilizado, tras una fuerte descompensación. Inicialmente, el docente había manifestado malestares abdominales. La defensa de Puig denunció la falta de atención al malestar previo informado por el docente a los miembros del Servicio Penitenciario, que, según los letrados, hicieron caso omiso a dichas alertas. "Las condiciones de detención de Lucas Manuel Puig se encuentran agravadas de manera ilegítima e injustificada, primeramente, por incumplir el personal médico penitenciario en debida forma sus funciones, prorrogando indefinidamente un adecuado y riguroso examen de la salud, lo que llevó a producir este grave cuadro que ahora enfrenta, que pone seriamente su vida en peligro”, denuncia el documento presentado por la defensa del docente.

"Solicitamos atención médica urgente, con un examen o internación extramuros debido a la complejidad de la salud que presentaba”, requiere el escrito firmado por los defensores Adrián Fernández Koenig, Daniel Apaz y Gastón Nicocia, quienes agregan que desde octubre de 2023 habían pedido exámenes clínicos, "al notar un deterioro en su salud durante las visitas en la cárcel”.

Tras esa exposición, el escrito cierra solicitando: “A la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria que informe a Vuestro Tribunal acerca de los métodos de traslado, diagnóstico, tratamiento y demás prácticas y medidas que fueran tomadas y se tomaran en relación a la dolencia que presenta Lucas Manuel Puig".