Los opositores Ricardo López Murphy, Javier Iguacel y María Eugenia Talerico solicitaron el juicio político contra los camaristas Alejadro Villordo y Juan Benavides
Los camaristas que anularon la causa que investigaba la presunta defraudación en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, Julio Rigau, conocido como “Chocolate” fueron denunciados esta mañana por dirigentes opositores quienes solicitaron que se les inicie una causa penal y un proceso de juicio político para removerlos de sus cargos.
Alejandro Villordo y Juan Benavides son dos de los tres integrantes de la Sala III de la Cámara Penal platense, quienes el jueves pasado hicieron lugar a un habeas corpus de la defensa de Rigau y por esta vía extraordinaria no solo lo dejaron en libertad sino que declararon nula toda la causa. El caso se inició cuando Rigau fue interceptado en un cajero automático sacando plata con 49 tarjetas de débito y 1.260.000 pesos. Según la Cámara, la requisa que le hizo en aquel momento la Policía fue ilegal y esa ilegalidad de origen invalida todo lo actuado en el expediente desde entonces. Benavides y Villordo declararon nula “el acta de procedimiento inicial” de la Policía. Dijeron que son los jueces los habilitados a ordenar requisas y que las fuerzas de seguridad solo pueden hacerlo cuando existe una “sospecha razonada o causa probable” de un posible delito, algo que -según ellos- no se dio en este caso porque Rigau solo estaba sacando dinero de un cajero automático. Sostuvieron que, por ende, debía caer toda la causa.
La Sala III de la Cámara Penal tomó la decisión por dos votos contra uno, el voto en disidencia fue del tercer integrante del tribunal, Fernando Mateos, quien sostuvo que el accionar policial se encontraba justificado y afirmó “No puedo dejar de mencionar el estrépito social o el desconcierto y descrédito para el común de la gente que se derivaría de una decisión como la perseguida” por la nulidad que finalmente se revolvió. El juez Mateos en su voto, cuestionó que se pretendiera “sellar la suerte de una investigación que razonablemente podría relacionarse” con actividades de corrupción que la Argentina se comprometió a combatir cuando firmó tratados internacionales sobre la materia.
Al día siguiente de conocida la noticia, el fiscal General Héctor Vogliolo, hizo reserva del caso y esta semana presentará el recurso de Casación.
Scioli, Carrió, la misma Sala y los mismos abogados
La causa se inició el 3 de junio de 2016, cuando la entonces diputada Carrió presentó formalmente la denuncia ante la Fiscalía General de La Plata. El escrito fue remitido al fiscal Garganta. Tras varios tramos de la investigación, se dio por terminada y otros desdoblamientos fueron archivados. Esta medida implica que, si aparecen nuevas evidencias, se podrá revertir, es decir, dictar la reapertura para seguir adelante con la instrucción de expediente.
Por mayoría, la Cámara Penal de la capital bonaerense rechazó la apelación del fiscal Garganta contra la nulidad del pedido de juicio oral dictada por el juez de Garantías Agustín Crispo. Con la firma de los camaristas Fernando Mateos, Juan Benavides y Raúl Dalto, este tribunal de alzada ratificó la decisión del juez. La resolución también alcanza a los exfuncionarios Antonio Atilio La Scaleia (extitular de IOMA), Eduardo Aparicio (exministro de Desarrollo Social y actual titular de la Aprevide) y Alejandro Collia (extitular de la cartera de Salud), entre otros.
El camarista Mateos votó por "hacer lugar al recurso fiscal, revocar el auto impugnado en cuanto declara la nulidad de la requisitoria fiscal de citación a juicio y remitir la causa a la instancia de grado para que se ejerza el control de las imputaciones a partir de las oposiciones presentadas por las defensas, en todo aquello que no resulte alcanzado por lo aquí resuelto". Sin embargo, sus pares Dalto y Benavides conformaron la mayoría que ratificó la decisión del juez.
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