Luego de la resolución de la Sala II de Casación Penal bonaerense que revocó la resolución de la Sala III de la Cámara Penal, la policía no pudo ubicarlo en su domicilio
Por estas horas, la policía bonaerense se encuentra abocada a dar con el paradero del puntero del Partido Justicialista, Julio “Chocolate” Rigau quien posee una orden de detención en su contra luego del fallo de la Sala II de Casación Penal que ordenó la reapertura de la causa. Por el momento, Rigau no se encontraba en su vivienda, por lo que la justicia emitió una orden de captura
Ayer por la tarde, luego de enterarse de la resolución de Casación, los abogados de Rigau, Alfredo Gascón y Miguel Molina que fue rechazada por el juez de Garantías Guillermo Atencio quien en su resolución a la que este medio tuvo acceso, sostiene que “ Analizados los hechos en el marco de la sana critica, esto es, interpretados del modo en que normalmente suceden, la significativa cantidad de tarjetas utilizadas y el alto monto de dinero que con ellas fuera extraído, no pudo escapar -cuando menos- del conocimiento de la superioridad jerárquica del organismo en el que el prevenido presta servicios, lo que posibilitaría además que, con el devenir de la pesquisa, se llegara a detectar un acto de corrupción de inmensurable trascendencia”, dice la resolución a la que tuvo acceso este medio.”
La resolución del Tribunal de Casación cuestionó en duros términos la resolución de la Cámara Penal platense, que anuló la investigación a raíz de un hábeas corpus. “La Cámara actuó́ por fuera de su jurisdicción en tanto según la legislación procesal vigente, la orden de detención dictada por el juez competente no resulta impugnable por vía de habeas corpus en razón del veto producido, en el art. 405, segundo párrafo del ritual, por el decreto de promulgación 2749/04 (con respecto a la ley 13.252), con lo cual se concluye que contra tal acto jurisdiccional no resulta posible interponer una acción de hábeas corpus”, sostuvo en su voto la jueza Budiño, al que adhirió su colega Mancini.
Hace dos semanas, la Sala III de la Cámara de Apelaciones había planteado la nulidad de la detención de Rigau para voltear toda la investigación. “La actuación del personal policial que requisó sin orden judicial a Julio Rigau no puede ser convalidada, al no quedar comprendida la misma en lo normado por el art. 294 inc. 5 del CPP en tanto su labor no condice con los supuestos allí establecidos específicamente ni menos aún pueden ampararse en el estado de sospecha razonada o causa probable”, habían dicho los camaristas Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo, que terminaron denunciados por los dirigentes de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy, Javier Iguacel, y María Eugenia Talerico ante la Corte bonaerense,
Aunque estaba pendiente una definición, hace una semana la fiscal Betina Lacki reabrió la investigación de hecho y pidió una batería de medidas de prueba, entre las que se destacaba el peritaje del teléfono celular del puntero del PJ. La definición sobre este tema está en manos de los jueces de la Sala III luego de que el juez Guillermo Atencio hizo lugar a un planteo de los abogados de Rigau.
La fiscal también ordenó que sigan declarando los dueños de las 48 tarjetas de débito que tenía el puntero del PJ. Cuando se detuvo la causa, ya habían declarado 16 de esas personas. Las testimoniales se retomarán el 18 de octubre y hay audiencias previstas hasta el 13 de noviembre
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