Familiares, amigos y autoconvocados del San Benjamín volvieron a manifestarse en la puerta del Tribunal de Casación Penal bonaerense exigiendo la absolución y libertad del docente de música Lucas Manuel Puig condenado a la pena de 35 años de prisión por el supuesto abuso sexual de dos menores dentro de la institución educativa
Por un fallo ejemplar y contundente
A pocos días de que un nuevo ciclo lectivo llegue a su fin, y con el docente Lucas Puig injustamente detenido, pedimos a las autoridades judiciales pertinentes que se expidan de manera ejemplar y contundente para poner fin al estado de indefensión y de inseguridad jurídica al que las y los docentes se ven sometidos cuando el sistema judicial opera violando el principio de inocencia, el derecho al debido proceso, el deber de imparcialidad de los jueces, el de valoración de las pruebas de acuerdo con estándares racionales, poniendo en cuestión la racionalidad misma de las decisiones judiciales.
Como es de público conocimiento, las y los docentes de la región pusieron el cuerpo en incontables movilizaciones y concentraciones, no sólo en defensa de Lucas sino de la comunidad educativa toda, porque no es posible enfrentar la tan gratificante como cansadora y desafiante labor de educar en un contexto laboral y social en el que ni la verdad, ni la imparcialidad, ni la objetividad, y ni siquiera el sano sentido común sirven para resguardarlos frente a cualquier denuncia descabellada que a alguien pudiera ocurrírsele. No se trató ni se trata, sin embargo, de una mera defensa corporativa, como si los trabajadores de la educación fueran capaces de defender a cualquiera de cualquier cosa. ¿Cómo puede alguien siquiera pensar algo así? Defienden, y defendemos a Lucas, porque saben y sabemos que las pruebas producidas en este largo proceso judicial, valoradas de modo racional e imparcial, conducen a un único argumento posible: no hay ninguna prueba de que los hechos denunciados hayan ocurrido y por tanto Lucas es inocente.
Tal es la conclusión forzosa que cualquier persona desinteresada, rigurosa y razonable debe extraer al comparar, por un lado, el inconsistente, inconcluyente y desmesurado fallo del Tribunal Oral en lo Criminal nro. 1 del Departamento Judicial La Plata que el 30 de agosto de 2022 condenó a Lucas y, por otro lado, las presentaciones que, en calidad de Amicus Curiae, hicieran la Asociación de Pensamiento Penal e Innocence Project Argentina, dos instituciones independientes de gran trayectoria y reconocido prestigio.
Queremos recordar que es mucho lo que está en juego. Como señala en su presentación Innocence Project Argentina, “cuando alguien es condenado injustamente no solo se comete una injusticia contra esa persona, privándola de años de su vida en libertad, sino que la injusticia se extiende a la sociedad en su conjunto, ya que mina la confianza del público en el sistema de justicia y en la capacidad del Estado para proteger y garantizar los derechos de sus ciudadanos.” Es por ello que la comunidad educativa se ha comprometido en esta lucha. Y es que no se trata sólo del caso de Lucas. Quienes trabajan en el sistema educativo conocen innumerables casos de falsas denuncias, muchas de las cuales se encuentran con actores judiciales que investigan de manera seria y rigurosa y son desestimadas tempranamente. Otras, sin embargo, prosperan en el sistema gracias a la desidia o la mala fe de algunos funcionarios judiciales, sólo para ser desestimadas en las instancias finales, como ocurrió con los casos de Juan Rosso y de Darío Castelo, por citar apenas un par de ejemplos. Sin embargo, el daño ocasionado, los costos personales, familiares y económicos son enormes tanto para los injustamente perseguidos como para el propio sistema que malgasta recursos en denuncias que, como la que hicieran contra Lucas, apuntan a hechos cuya ocurrencia es materialmente imposible. Tan disparatadas resultan esas denuncias que quienes arbitrariamente desean insistir en ellas, se ven forzados a formular verdaderas teorías conspirativas involucrando a toda una comunidad, desde maestras y preceptoras, hasta padres y madres de alumnos y alumnas, como si tantas personas juntas pudieran ser cómplices de hechos tan aberrantes.
Sin embargo, la verdad estuvo siempre allí, en la causa, pese al desinterés e incluso al desdén de algunos funcionarios judiciales que desestimaron sistemáticamente toda evidencia que contradijera la hipótesis que caprichosamente ya habían elegido. Se trata del ya bien estudiado sesgo de confirmación que suele afectar el modo en que razonamos los seres humanos y que sólo puede ser contrarrestado por una férrea adhesión a la verdad, la objetividad y la imparcialidad, que debe traducirse en un ejercicio sistemático de virtudes intelectuales. En efecto, la justicia, si ha de asentarse sobre la verdad, requiere no un mero apego superficial e interesado a una racionalidad simulada, sino el ejercicio crítico de la razonabilidad entendida como un hábito virtuoso: requiere humildad intelectual para superar los propios sesgos; coraje intelectual para considerar con justicia posiciones que pese a ser incómodas resultan respaldadas por los hechos; integridad intelectual para someterse uno mismo a los más rigurosos estándares de prueba que exigiríamos a otros; perseverancia intelectual para perseguir visiones y verdades intelectuales a pesar de las dificultades, obstáculos y frustraciones que pudieran surgir e imparcialidad entendida como “voluntad y conciencia de la necesidad de tratar todos los puntos de vista por igual, sin referencia a los propios sentimientos o intereses creados, o los sentimientos o intereses creados de los amigos”.1
Desde que el caso de Lucas entrara en este tribunal de Casación hemos presentado una gran cantidad de notas y pedidos llamando la atención sobre distintas irregularidades del proceso judicial que nos convoca: la negativa de la familia denunciante a permitir la declaración de la única profesional competente y sin vínculos previos con esa familia que intervino en el momento de los supuestos hechos; el insólito “informe” de la cuestionada Dra. Creimer cuya total falta de fundamentos fue puesta en evidencia por la presentación de Innocence Project; el descarte arbitrario de las pericias oficiales que señalan la inexistencia de señales de abuso en los niños; el injusto y agraviante tratamiento del tribunal a las docentes de la institución y sus testimonios; la insólita convalidación de una denuncia que señala como víctimas a personas y familias que explícitamente niegan haber sido víctimas de tales hechos.
Esos son apenas algunos de los puntos más llamativos. Sin embargo, no queremos insistir en ello. Antes bien, queremos llamar la atención sobre la conmoción social que este largo e injusto proceso ha provocado en los familiares y amigos de Lucas, en la comunidad educativa del San Benjamín, en las Familias Autoconvocadas, en las y los docentes de la región que de manera organizada o individual han apoyado este justo reclamo y en la sociedad toda. Nadie está a salvo si es posible condenar a alguien sin pruebas. La verdad está en la causa, sólo se requiere coraje e integridad intelectuales para exhibirla de modo ejemplar y contundente.
Comisión por la libertad y la absolución de Lucas Manuel Puig
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