Mañana 4 de mayo, a partir de las 11 de la mañana, habrá en Casación una audiencia en donde la defensa del docente -condenado a 35 años de prisión por supuestos casos de abusos sexuales en el jardín San Benjamín de Los Hornos- expondrán los planteos que los jueces deberán tener en cuenta al momento de resolver la situación procesal del docente. De la audiencia participarán los padres de las supuestas víctimas, la Asociación Pensamiento Penal y la Asociación Innocence Project argentina
Los abogados que defienden los intereses del docente de música, Adrián Fernández Koing, Daniel Apaz y Gastón Nicosia expondrán oralmente su recurso ante la presencia de los magistrados de la Sala V Víctor Violini, Carlos Natiello y Ricardo Maidana.
La defensa del docente, sostiene que la condena conocida el años pasado, fue “arbitraria “por parte de los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal número 1 integrado por Cecilia Sanucci, Hernán Decastelli y Ramiro Fernández Lorenzo y que por ese motivo, la defensa decidió recurrir al tribunal para “poder visibilizar la gravedad institucional, que incluso podría derivar en eventuales consecuencias y responsabilidades para el Estado argentino ante los Organismos Internacionales”
En la audiencia que se celebrará mañana, estarán presentes, la fiscal de Casación Alejandra Moretti, los padres de las supuestas víctimas junto con sus abogados, los doctores Flavio Gliemmo, Martín Bolpe, Marcelo Botinardi y Julio Beley, también se encontrarán presentes la Asociación Pensamiento Penal en calidad de Amicus Curiae y la Asociación innocence Project argentina
Durante el debate oral, celebrado por segunda vez – algo totalmente ilegal, porque una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito- la Asociación Pensamiento Penal se presentó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de La Plata, como amicus curiae. En el escrito presentado se ponen de manifiesto las irregularidades acontecidas en la investigación penal preparatoria y en la valoración de la prueba efectuada en el marco de una causa por abuso sexual. En ese sentido, se revisa especialmente la recepción del testimonio de niños, niñas y adolescentes, como así también la intervención de distintas profesionales de la salud
La APP expresó su opinión en el proceso esperando contribuir a la mejor resolución del caso, cuyo objeto es de interés general. En concreto, porque la lectura del expediente refleja que se corre el riesgo de condenar a una persona inocente –Lucas Manuel Puig–quien ya atravesó un juicio y fue absuelto. El propósito del escrito es visibilizar una serie de malas prácticas que tuvieron lugar durante la etapa preliminar –y cuyo desenlace ha sido que prosperara hasta esta instancia la imputación que pesa sobre Puig–, como así también, poner de relieve que el avance de este segundo juicio vulnera sus garantías constitucionales.
La APP es una entidad civil sin fines de lucro integrada por operadores/as del sistema penal (jueces/juezas, fiscales/as, defensores/defensoras, abogados/abogadas de la matrícula, peritos/peritas, docentes y estudiantes) de todo el país, cuyos principales objetivos son la promoción, el respeto y resguardo de los derechos humanos.
“En este sentido, cabe remitir al artículo 2 de nuestro estatuto social, que fija el objeto social. Particularmente a los incisos “a” (Procurar mediante acciones positivas el afianzamiento de la justicia y de las instituciones democráticas del país), “e” (Propender al progreso de la legislación en general y en particular la penal a fin que responda a la plena vigencia de los derechos humanos y el respeto de la dignidad individual) y “h” (Pronunciarse sobre leyes, proyectos de leyes, ordenanzas, decretos o cualquier documento normativo, que traten directa o indirectamente temas relativos al derecho penal, los derechos humanos, torturas o medidas de seguridad).”
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